viernes, 27 de septiembre de 2019

Por una Agencia Estatal de Desarrollo de Medicamentos #La Ciencia y sus Demonios #noticias


La sanidad es quizás el sector más paradigmático de ese más que intocable dogma impuesto por el pensamiento único neoliberal de que los ciudadanos deben asumir los costes y en cuanto se generen beneficios estos deben privatizarse, lo antes posible y al menor precio, en aras de una pretendida (y más que falaz) superioridad del mundo empresarial frente al siempre sospechoso e ineficaz sector público. Y este dogma casi religioso hace que al final los ciudadanos acabemos pagando dos veces (y muchas veces a precios más que prohibitivos) lo que bien pudiera haber sido un bien público, si los políticos por supuesto hubieran sido honrados y no estuvieran pensando en el consejo de administración que les puede tocar cuando termine su labor de "servicio" publico.

Supongamos una empresa de las nuevas tecnologías, por ejemplo Yahoo, corporación que puede tener varios cientos de ingenieros, programadores, matemáticos e informáticos trabajando en su departamento de I+D. Un día, un pequeño grupo de ellos desarrolla las bases de un nuevo algoritmo cibernético. Ahora bien, en lugar de continuar con todo el proceso hasta el desarrollo final del software, hecho que conlleva la implicación adicional de otras varias decenas de miembros del departamento de I+D en el proyecto durante varios años, el departamento de presupuestos siguiendo las nuevas reglas de "austeridad" impuestas por el consejo de administración, obliga a que esos investigadores se reúnan con varias empresas en la búsqueda de un comprador para la incipiente patente. Al final nuestros investigadores tienen suerte y una empresa de capital riesgo, tras analizar los futuros desarrollos de esa incipiente innovación, compra la patente por un par de docenas de millones de euros que paga religiosamente a Yahoo. Los investigadores que desarrollaron la patente son felicitados y el departamento de prensa anuncia a bombo y platillo que Yahoo ha vendido por un buen pico una de sus invenciones.

Ahora bien, como la empresa de capital riesgo no tiene expertos en plantilla capaces de llevar hasta el final lo que por ahora es sólo un embrión en ciernes de un fantástico programa informático, tiene la brillante idea de subcontratar el desarrollo del mismo a una empresa de nuevas tecnologías ¿y quién mejor que Yahoo, de donde partió la idea original? Así que la empresa de capital riesgo firma un contrato con Yahoo por el que a cambio de un par de cientos de millones de euros adicionales, varias docenas de empleados de Yahoo desarrollarán durante los próximos años el mencionado software. Por supuesto esta nueva noticia llena de alegría a los directivos y accionistas de Yahoo, porque va a suponer nuevos ingresos para la multinacional.

Pasados los años, el proyecto culmina felizmente y el fantástico nuevo software sale a la venta. Y aquí se produce una más que llamativa curiosidad, Yahoo, la empresa de la que partió la idea y la patentó y que luego hizo todo el trabajo de desarrollo observa que el producto es tan bueno que compra a la empresa de capital riesgo las licencias correspondientes para que todos sus ordenadores tengan instalada la nueva maravilla cibernética. Eso sí, como el producto está más que terminado y es muy eficiente el precio que termina pagando Yahoo asciende a la bonita cifra de 2.000 millones de euros. Y ahora aquí quisiera hacer una pregunta al lector: ¿qué piensa que ocurríria en este hipotético caso con los altos directivos de Yahoo? ¿serían recompensados con bonos y acciones? o por el contrario ¿serían despedidos inmediatamente, corridos a gorrazos por toda la sede central, e incluso tendrían la posibilidad de verse demandados judicialmente por parte de los accionistas por su más que evidente ineptitud empresarial?

Pues bien, este hipotético ejemplo de ruinosa visión a corto plazo, ineptitud y derroche de los recursos propios en beneficio de terceros es el pan de cada día en el desarrollo de medicamentos.

Tomemos por ejemplo el caso de España, país que tiene en plantilla a varios miles de científicos expertos en Biomedicina, a los que además dota de (más que escasos por cierto) fondos para que desarrollen su labor investigadora. Pero al final entre sueldos, infraestructuras, gastos corrientes de laboratorio y demás la cifra invertida por el estado español en este campo supera ampliamente los nueve dígitos de euros anuales. Un día, y tras largos

años de esfuerzos (pagados generalmente con dinero público, no lo olvidemos) en donde han realizado cientos de experimentos in vitro y la posterior validación con esos siempre útiles animales de laboratorio, un pequeño grupo de estos investigadores españoles tiene un más que prometedor compuesto que puede llegar a ser un nuevo antibiótico contra bacterias multirresistentes o un potente antitumoral. En este punto los investigadores implicados bien directamente o bien a traves de esas Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación, que están cada vez más presentes en todos y cada uno de los centros de investigación, contactan con una multinacional farmacéutica. Esta empresa, Bayer por ejemplo, analiza toda la información  recopilada por nuestros investigadores durante sus muchas veces décadas de estudio, si queda convencida de la posible eficacia del prometedor compuesto y si además el futuro fármaco actúa en alguna de las enfermedades que la multinacional considera rentables puede acaba comprando la patente. Aquí hay que recalcar que como la finalidad de las farmacéuticas no es el desarrollo de medicamentos, sino que como cualquier otra corporación su único objetivo es "generar valor para el accionista", puede que aunque el compuesto parezca eficacísimo en las pruebas previas si es el remedio para una enfermedad con pocos pacientes o que no afecte al mundo occidental (que es el que puede pagar por las medicinas), pues la multinacional no va a ver negocio y no comprará la patente. Pero como hemos indicado antes, un antitumoral de nueva generación sí que será rentable y por tanto Bayer termina pagando varios millones de euros por quedarse con la patente. Y como en el caso hipotético, los investigadores son felicitados, aumentan su curriculum con la venta de la patente y el centro público de investigación, la universidad o el hospital que ha pagado los sueldos de los brillantes y afortunados investigadores se embolsa una nada despreciable cantidad que gastará en contratar nuevos investigadores, en reformar la segunda planta del edificio o incluso en ampliar sus instalaciones. Hasta aquí todos contentos.

Ahora bien, como el siguiente paso es iniciar los siempre complejos ensayos clínicos y Bayer no tiene hospitales ni tampoco enfermos sobre los que probar el supuesto antitumoral, pues se pone en contacto con la sanidad pública y al final firma un acuerdo con varios hospitales españoles para que el compuesto sea ensayado en pacientes de cáncer, bajo la supervisión de los oncólogos de los respectivas clínicas. Por este trabajo subcontratado, la multinacional desembolsa varias decenas de millones de euros que hacen las delicias de los gerentes hospitalarios y que en parte acaban como sobresueldos del personal implicado en el ensayo.

Luego, si ha habido suerte, ya conocemos el resultado final. Bayer comercializará el antitumoral y, como es mucho más efectivo que los previos, la sanidad pública española comprará las dosis necesarias para tratar a los varios cientos de miles de pacientes que padecen el mencionado cáncer, factura que bien puede ascender a varios miles de millones de euros.

Y alguno de ustedes me dirán ¿dónde está el problema? las multinacionales arriesgan su dinero, unos mil millones de euros (según ellas, puesto que las cuentas son tan opacas que muchos investigadores las cuestionan) si el medicamento llega a finalizar todo el proceso y por ello bien pueden luego cobrar lo que quieran por algo que al final salva miles de vidas. Pues lo que yo propongo es que como al final todo el trabajo lo hace el sector público, entonces el desarrollo de medicamentos podría ser realizado por ese mismo sector público de manera más rápida, eficiente y también más barata a través de una Agencia Estatal de Desarrollo de Medicamentos. El proceso sería el siguiente.

Primero, todo aquel investigador pagado y financiado con fondos públicos que tuviera un compuesto candidato a fármaco que cumpliera los requisitos científicos tanto en ensayos in vitro y con animales que ahora sirven para patentar el compuesto, informaría a la mencionada Agencia de sus candidatos a fármacos. Un comité de expertos (científicos, médicos, epidemiólogos), también pertenecientes al sistema público darían prioridad relativa a todas las propuestas.

Segundo, como la sanidad pública española tiene en la actualidad informatizados todos los historiales de los millones de ciudadanos que hemos sido atendidos en el sistema sanitario en al menos la última década, una Agencia Estatal de Desarrollo de Medicamentos que tuviera acceso a esa más que valiosa información (adecuadamente protegida para mantener la confidencialidad de los pacientes) podría fácilmente, con unos pocos expertos en análisis masivos de datos y epidemiólogos de su plantilla que manejaran un nada complicado software, montar un ensayo clínico aleatorizado, primero con varias docenas de pacientes y después con un número creciente hasta llegar a los varios miles de pacientes habituales en este tipo de estudios, si el compuesto no mostrara efectos adversos durante su estudio. Total solo hay que formar dos (placebo y compuesto a testar) o varios grupos (si se van a analizar dosis distintas del supuesto fármaco) y un sistema informático que tuviera acceso a los historiales completos lo haría de maravilla.

Tercero, los médicos responsables de los pacientes seleccionados para cumplir los rigurosos estándares de calidad de los ensayos clínicos serían informados de dicha inclusión, pudiendo dar su conformidad o no tras informar al paciente y conseguir su aceptación, porque al final estos profesionales son los que están más en contacto con los enfermos y hay cosas que no se pueden transmitir en un aséptico informe médico. Estos mismos profesionales realizarían las labores de seguimiento habituales en estos casos con sus respectivos pacientes..

Finalmente, otro grupo de expertos en plantilla de la mencionada Agencia analizaría de manera rigurosa los datos obtenidos (análisis que es idéntico independientemente del fármaco probado y la enfermedad a combatir) y transmitirían esos resultados a otros expertos en la enfermedad, también pertenecientes al sistema público científico-sanitario, para su análisis final dentro del contexto terapéutico.

En todo el proceso participaría sólo personal ya en nómina del estado, lo que tendría dos ventajas sobre el actual. Primera, los costes se contendrían y ya no estaríamos hablando de cientos o miles de millones de euros por el desarrollo de un medicamento, puesto que somos funcionarios públicos con una clara vocación de servicio y muchos estaríamos encantados de participar en el mencionado proceso si al final, los medicamentos desarrollados de esta manera no sólo no supongan un coste a la siempre maltrecha sanidad pública, sino que bien pudieran ser una fuente más que importante de divisas por su comercialización internacional.

Y segundo y lo que es quizás más importante, al no tener ninguno de los implicados en todos los diferentes pasos del proceso un interés económico en el compuesto testado, los resultados serían objetivamente impecables. Y no como ocurre ahora con muchos medicamentos que son versiones ligerísimamente modificadas de otros más antiguos, pero también más baratos, o que incluso no son tan efectivos como la multinacional de turno asegura porque se han "maquillado" unos datos, que no lo olvidemos, sólo acaban viendo en conjunto algunos empleados de la farmacéutica de turno, y aquí el conflicto de intereses es muchas veces manifiesto.

 

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