Bülent Şık, es un científico turco que fue despedido después de firmar una petición pidiendo la paz entre las fuerzas turcas y los militantes kurdos rebeldes del sureste de Turquía. Şık era el subdirector del Centro de Investigación de Seguridad Alimentaria y Agrícola de la Universidad de Akdeniz, institución que recibió en 2010 el encargo del Ministerio de Salud de Turquía para para estudiar la posible relación entre la toxicidad en el suelo, el agua y los alimentos y la alta incidencia de casos de cáncer detectados en el oeste de Turquía. Durante los siguientes 5 años, Şık y un equipo de científicos realizaron un estudio que detectó niveles peligrosos de pesticidas, metales pesados y de hidrocarburos aromáticos policíclicos en múltiples muestras de alimentos y agua de varias provincias en el oeste de Turquía. Estos investigadores también descubrieron que el agua potable consumida en varias áreas residenciales de la zona no era segura de beber debido a la alta contaminación por distintos elementos químicos como plomo, aluminio, cromo y arsénico.
En el año 2015, estos científicos enviaron sus conclusiones al Ministerio de Salud y el propio Şık testificó ante altos funcionarios del gobierno a los que instó a tomar medidas urgentes por la gravedad de la contaminación. Pasaron tres años y al observar que no se había tomado ninguna medida, salvo la de declarar confidencial el mencionado estudio, este investigador publicó los resultados en un periódico crítico con el actual gobierno. Ante tal "ilegalidad" el gobierno turco acusó ante la justicia a Şık de revelación de secretos y esta semana el tribunal encargado del caso ha declarado culpable al científico, condenándolo a 15 meses de prisión. Lo más llamativo de todo este asunto es que el fiscal no cuestionó en ningún momento la calidad y veracidad del estudio científico en cuestión, si no que se ha agarrado a la naturaleza secreta de un documento, que tiene un más que evidente interés público, para conseguir la condena del implicado, tal y como ha denunciado Amnistía Internacional. Todo ello reafirma la validez del estudio y muestra como las naciones se pliegan ante los intereses económicos, aun cuando ello conlleve un importante riesgo para la salud y también para la vida de los ciudadanos. Eso sí, sobre la condena hay que agradecer por su clemencia al tribunal, puesto que con la ley turca en la mano este más que comprometido científico podría haber sido condenado con una pena de hasta 12 de años de prisión.
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